10-09-2020

El interbloque de Senadores de la UCR presentó un Proyecto
de Ley para que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, otorgue al personal de
Salud -profesionales y agentes del agrupamiento hospitalario asistencial-, como
asimismo a los agentes pertenecientes al Escalafón Policial, un “reconocimiento
especial por asistencia extraordinaria a la comunidad en pandemia COVID19,
consistente en una suma remunerativa, no bonificable de hasta $50.000”, la que
no podrá ser inferior a $30.000.

La iniciativa destaca que “la Administración Provincial ha
logrado durante el primer semestre un excedente económico del orden de los
$4.100 millones. En forma complementaria, las disponibilidades de la
Administración Provincial han crecido en un semestre en más de un 150%. Las medidas
propuestas implicarían menos de la mitad de tal superávit”.

“Ampliar la ayuda a los sectores más afectados"

El Pte. del Bloque de Senadores de la UCR indicó que
“creemos que es incompatible tener un Estado que siga haciendo caja, con un
mero criterio fiscalista, cuando se puede brindar un mayor apoyo a sectores que
están sufriendo drásticamente la calamidad de la pandemia, como en muchas
actividades privadas y en los trabajadores esenciales (que están en las
primeras líneas en la lucha contra el Covid-19) como los que contemplamos en
esta propuesta, tanto de Salud como de Seguridad”.

El Proyecto de Ley presentado desde el interbloque de la
UCR, cuentan con la firma de todos sus integrantes: Felipe Michlig (San
Cristóbal), Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio
Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución), Hugo Rasetto
(Iriondo) y Leonardo Diana (San Gerónimo).

Beneficiarios del reconocimiento especial

Según la normativa propuesta el beneficio alcanzará “a los
profesionales universitarios de la sanidad comprendidos en la Ley N° 9.282, a
los agentes que revistan en el agrupamiento “Hospitalario-asistencial” del
Escalafón “Decreto Acuerdo 2695/83” y a los agentes pertenecientes al Escalafón
Policial”.

Se indica que “El Poder Ejecutivo, instrumentará la medida
siguiendo los siguientes criterios: Carga horaria; Cantidad de tiempos de
descansos, francos u otras franquicias; Nivel de riesgo a que se encontró
expuesto; Nivel de intensidad de las tareas y servicios prestados desde el 20
de marzo de 2020”.

Mínimo de $ 30.000

En otro de sus articulados se establece que “en ningún caso
la suma podrá resultar inferior a $30.000, siempre que el agente haya prestado
servicios en al menos tres (3) meses durante el período transcurrido entre el
20 de marzo de 2020 y la fecha de sanción de la presente ley.   El Gobierno deberá “liquidar y abonar la suma en hasta tres
(3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. La primera cuota será liquidada
con los haberes correspondientes al mes de septiembre de 2020”. Además “la
percepción de la suma otorgada resultará compatible con cualquier otro
beneficio dispuesto o que se disponga en la órbita nacional y/o provincial y/o
municipal. No obstante, podrá quedar subsumida total o parcialmente en los
beneficios establecidos en acuerdos paritarios”.

Principales fundamentos:

Señalan los senadores radicales en los fundamentos del
proyecto que “el impacto de la pandemia, lejos de atenuarse con el correr de
los meses, ha ido intensificando tanto la necesidad de esfuerzos para su
gestión desde los distintos niveles de Estado, como el efecto sobre la dinámica
social propiamente dicha. No obstante, las acciones de mayor significación en
términos de movilización de energías públicas y esfuerzos refieren a la atención
sanitaria y al desarrollo de distintos controles sociales en sentido amplio”.  “Esa exigencia de carácter extraordinario con una
persistencia de varios meses está llevando a puntos de fatiga psicofísica que
ponen en riesgo no solo la propia salud de los agentes sino también el concreto
funcionamiento de servicios esenciales. Tales esfuerzos extraordinarios deben
contar con un correlativo reconocimiento no solo moral sino también material”.

Excedente financiero:

“Asimismo, conforme a la información publicada por el Poder
Ejecutivo, la Administración Provincial ha logrado durante el primer semestre
un excedente económico del orden de los $4.100 millones representado por su
superávit financiero. En forma complementaria, las disponibilidades de la
Administración Provincial han crecido en un semestre en más de un 150%. Las
medidas previstas en el presente proyecto implicarían menos de la mitad de tal
superávit”.  “Asimismo, cabe destacar que por Ley N° 13.977 se crearon
programas específicos, uno de ellos vinculado a la atención de necesidades
sanitarias, y, además se autorizó al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito
público. En la Ley N° 13.978, precisamente denominada “Ley Covid-19”, se
autorizó al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito público adicional por
$15.000 millones. Tal autorización no tenía otra fundamentación que la de
preparar al Estado Provincial para hacer frente a las circunstancias que
constituyen la causa última que motiva el presente proyecto”, mencionan los
legisladores.   Prensa Senador Rodrigo Borla